Clean Slate, que sella algunos antecedentes penales, ha sido aprobado tanto en el Senado como en la Asamblea estatal

La Legislatura del Estado de Nueva York votó el viernes para aprobar una medida para sellar los antecedentes penales de algunas personas para que tengan una mejor oportunidad de conseguir un trabajo o encontrar una vivienda.

La medida, conocida como borrón y cuenta nueva, permite sellar ciertos antecedentes penales después de que una persona haya cumplido su condena. Alguien condenado por un delito menor tendría que esperar tres años antes de solicitar la eliminación de sus registros. Para una condena por delito grave, tendrían que esperar ocho años.

"Podemos hacer que nuestras comunidades sean más seguras dándole a la gente una segunda oportunidad", dijo la patrocinadora de la Asamblea Catalina Cruz, una demócrata que representa partes de Queens. "La estabilidad reduce la reincidencia".

Algunos delitos están excluidos y no son elegibles para sellar, incluidos los delitos graves de Clase A que se castigan con una sentencia de cadena perpetua, así como condenas que requieren que la persona se registre como delincuente sexual.

El acuerdo fue aclamado por defensores, incluido el Centro de Alternativas Comunitarias, que lo llamaron "legislación histórica que traerá alivio a millones de neoyorquinos que han sido excluidos de oportunidades económicas, vivienda estable y educación superior durante demasiado tiempo".

Durante el debate, los legisladores que estaban encarcelados o tenían familiares encarcelados hablaron sobre sus experiencias.

El asambleísta Eddie Gibbs, que representa partes de East Harlem, es la primera persona que estuvo encarcelada en servir en la Legislatura del Estado de Nueva York. Gibbs cumplió cinco años y medio por una condena por homicidio involuntario.

Dijo que hoy no sería un representante electo si no fuera por la compasión de su abogado. El abogado y su familia ayudaron a Gibbs a obtener un certificado especial de buena conducta cinco años después de su liberación para ayudarlo a conseguir un trabajo.

Gibbs dijo que la confianza que le mostraron su abogado y su familia lo hizo "sentirse como un humano" nuevamente. Sin embargo, dijo que todavía se le prohibía buscar empleo como oficial de prisiones en una prisión porque no podía obtener una licencia de armas.

Gibbs dijo que finalmente fue elegido miembro de la Asamblea y se convirtió en una historia de éxito. Pero, dijo, hay otros 2,3 millones de neoyorquinos que no tienen tanta suerte.

"Desafortunadamente, no todo el mundo tiene ese camino abierto", dijo Gibbs. “Y es por eso, señor presidente, que estoy aquí, en apoyo de este proyecto de ley”.

El asambleísta Kenny Burgos del Bronx dijo que después de que su padre fuera condenado por un delito, no pudo ser recontratado después de cumplir su condena a pesar de que era un especialista en telecomunicaciones con experiencia. Burgos dijo que su padre eventualmente comenzó su propio negocio y ahora emplea a 35 personas, incluidas algunas que anteriormente estaban encarceladas. Su padre nunca ha cometido otro crimen.

“Este proyecto de ley es un proyecto de ley económico”, dijo Burgos, quien agregó que durante demasiados años ha habido barreras en el estado de Nueva York para las personas que han cumplido su condena y han tratado de conseguir empleo, mejorar su educación o acceder a una vivienda.

“Este proyecto de ley también es un proyecto de ley de justicia racial”, dijo Burgos. “Porque no es un secreto ni una duda que la mayoría de las personas que están encarceladas en este estado son personas negras y latinas”.

La medida está respaldada por el Consejo Empresarial del estado y otros importantes empleadores estatales, incluida National Grid.

Los republicanos, que están en el partido minoritario en ambas cámaras, objetaron. Dijeron que la medida va demasiado lejos y permitiría que las personas condenadas por homicidio involuntario o por poner en peligro el bienestar de un niño eventualmente vean sus registros sellados.

El asambleísta Ed Ra, que representa partes del condado de Nassau en Long Island, dijo que el proyecto de ley no hace lo suficiente para proteger a los niños de posibles daños.

"Hay muchas buenas intenciones", dijo Ra. "Pero parece que lo llevamos demasiado lejos".

El asambleísta John McGowan, quien es del condado de Rockland en el valle de Hudson y exfiscal de víctimas especiales, dijo que las personas que representó no tuvieron una segunda oportunidad.

“Nuestras víctimas no tienen una segunda oportunidad”, dijo McGowan. "Alguien que es víctima de robo, una víctima de robo, vivirá con eso por el resto de sus vidas. No hay 'borrón y cuenta nueva' para nuestras víctimas".

"Es el mensaje equivocado", dijo McGowan.

La medida pasa ahora a la gobernadora Kathy Hochul, quien se espera que la firme.