La Ley de borrón y cuenta nueva es más justa para las personas que cumplieron su condena y mejor para toda la sociedad.

Hay una razón clara por la que tanto los líderes empresariales como los encargados de hacer cumplir la ley nos contamos entre la amplia y diversa coalición de partidarios de un proyecto de ley de importancia crítica pendiente en Albany en este momento, la Ley de Borrón y cuenta nueva de Nueva York (S.211/A.1029). Esta legislación sería una herramienta esencial para promover la seguridad pública, la equidad y el empoderamiento económico.

En este momento, cualquier condena penal, incluso por un delito menor, genera antecedentes penales permanentes. En estados tan diversos como California, Utah y Dakota del Sur, o incluso en nuestros vecinos Nueva Jersey y Pensilvania, estos registros se sellan automáticamente después de un período de tiempo determinado. Pero, aquí en Nueva York, incluso una condena de hace décadas es una letra escarlata permanente.

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Si bien el estado recientemente permitió que ciertas personas presentaran una solicitud proactiva para sellar registros antiguos, esta ley está redactada de manera tan restringida que no se aplica a la mayoría de las personas afectadas. Es poco conocido y poco utilizado: en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, solo hemos visto un pequeño puñado de estas mociones presentadas.

El estigma de por vida de un registro de condena impide que demasiados neoyorquinos accedan a empleos, vivienda y educación. Los informes muestran que desde 1980 hasta 2021, más de 2,1 millones de personas en todo el estado de Nueva York recibieron condenas penales. Está bien documentado que las personas con antecedentes penales se enfrentan a miles de barreras y leyes discriminatorias cuando intentan obtener un trabajo, un lugar para vivir, una licencia para practicar un oficio y más. Esta forma de castigo perpetuo es una de las principales razones por las que las personas con antecedentes penales enfrentan pérdidas masivas de ingresos y altos niveles de pobreza y falta de vivienda. Estas consecuencias desproporcionadas también generan nuevas detenciones y contacto con el sistema legal penal al impedir que las personas tengan una oportunidad justa de volver a ingresar a nuestras comunidades.

Los líderes empresariales entienden que el acceso a puestos de trabajo no solo brinda una mayor oportunidad económica a los neoyorquinos individuales, sino que también aborda la escasez de trabajadores dispuestos y capaces en muchas industrias. Los líderes encargados de hacer cumplir la ley entienden que la inestabilidad económica es un factor clave de la actividad delictiva, mientras que una mayor estabilidad significa menos reincidencia y comunidades más seguras.

De hecho, el Centro Brennan descubrió que el subempleo relacionado con un historial de condenas por delitos graves les cuesta a los neoyorquinos $3.6 mil millones cada año. Para un récord de condenas por delitos menores, ese número se dispara a $9 mil millones anuales en ganancias perdidas.

Para abordar estos problemas críticos, la Ley de borrón y cuenta nueva permitirá sellar ciertas condenas cuando las personas hayan cumplido su condena, hayan completado cualquier supervisión comunitaria obligatoria y no tengan condenas penales recientes. Según la versión más reciente del proyecto de ley, eso significa tres años por un delito menor y siete años por un delito mayor, sin incluir el tiempo pasado en prisión. Estos períodos de tiempo están respaldados por datos que muestran que las personas tienen más probabilidades de reincidir dentro de dos años, y las tasas de reincidencia generalmente se estabilizan después de unos cinco años. Clean Slate se aplicaría a todas las condenas, excepto a los delitos sexuales, en su forma actual.

Con esta reforma, los antecedentes penales serán sellados para la mayoría de los fines civiles con algunas excepciones, como el empleo en campos regulados. Fundamentalmente, los registros permanecerán disponibles para la policía, los fiscales y los tribunales. Sellar los antecedentes penales antiguos brindará un paso crucial para los neoyorquinos individuales que han pagado su deuda con la sociedad y anhelan hacer borrón y cuenta nueva sobre el cual construir sus vidas.

La Ley de Borrón y cuenta nueva es un proyecto de ley de sentido común que permitirá que millones de neoyorquinos prosperen. Conducirá a comunidades más seguras, más justas y económicamente más sanas. Nos unimos a la gran coalición de partidarios en todo el estado para instar a Albany a aprobar este proyecto de ley antes del final de la sesión legislativa.

Bragg es el fiscal de distrito de Manhattan. Wylde es presidente y director ejecutivo de Partnership for New York City.